El análisis jurídico reciente concluye que no existe autorización legal en el Perú para el uso de inteligencia artificial (IA) en la imposición de sanciones administrativas.
El estudio, elaborado por especialistas en derecho administrativo y financiero, sostiene que el marco normativo vigente no permite a las autoridades administrativas utilizar sistemas de IA para generar o valorar pruebas en procedimientos sancionadores.
La Ley Nº 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social, junto a su reglamento, no contempla habilitación expresa para emplear IA en procedimientos de sanción administrativa.
Otras normas vinculadas a la transformación digital, como la Ley Nº 27658 y los decretos supremos sobre gobierno digital, regulan únicamente la modernización de la gestión administrativa, sin referirse a la posibilidad de delegar funciones esenciales a sistemas automatizados.
El principio de legalidad implica que toda actuación que incida en la imputación de hechos y su comprobación debe contar con habilitación legal específica. La Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) refuerza esta postura al prohibir la delegación de competencias esenciales, como la proposición y valoración de pruebas, que son consideradas indelegables y exclusivas de los órganos administrativos competentes.
Fuente: Infobae
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