Coahuila es el primer estado en México en vías de implementar un sistema de vigilancia biométrica que identifique rostros de personas.
Pero el gobierno de Miguel Ángel Riquelme enfrenta una serie de obstáculos para arrancar la operación de esta controversial tecnología que, a decir de expertos, atenta contra los derechos de los ciudadanos.
En las computadoras habilitadas para la vigilancia en los C4, una interfaz muestra el procesamiento de rostros captados por cámaras de reconocimiento facial.
Un software con inteligencia artificial integrado a las cámaras procesa las imágenes y las compara con otros rostros almacenados en el sistema y cuyos perfiles ya han sido identificados previamente. El sistema compara y coteja rostros automáticamente y en tiempo real y si se genera un match, el programa emite una alerta y activa un protocolo de seguimiento por parte de elementos de la policía con capacidad de reacción.
El gobierno estatal no ha logrado acceso a bases de datos federales para hacer tareas de cotejo y, de conseguirlo, el equipo computacional que ahora tienen no sería suficiente para almacenarlas y al mismo tiempo cumplir con las normativas que homologan los sistemas de vigilancia en México.
Tampoco existen marcos legales que regulen el uso de datos biométricos y las estrategias oficiales para proteger los derechos humanos en relación a la tecnología han sido superficiales.
Pero dado el historial de violencia en Coahuila, a pocos les ha preocupado la llegada de la vigilancia biométrica que ha detonado debates a nivel internacional y que ha sido prohibida en distintos lugares del mundo por su potencial de contravenir derechos humanos e importantes irregularidades técnicas. En Coahuila, la promesa de seguridad se sobrepone a todo.
El sistema de videovigilancia en Coahuila ya está en uso, pero no hay un ordenamiento legal que asegure el correcto tratamiento de los datos personales que son captados.
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