En pocos años, la discusión ya no será si la inteligencia artificial puede asistir a jueces, sino hasta dónde estamos dispuestos a aceptar que intervenga directamente en decisiones que afectan patrimonio, contratos, propiedad y derechos. La tecnología ya ingresó en la vida judicial, empresarial y profesional.
El verdadero debate es si estamos preparados para regularla y permitir que, en determinados conflictos simples, ofrezca soluciones en minutos allí donde hoy el sistema tarda años.
La inteligencia artificial en la Justicia suele presentarse bajo palabras seductoras: modernización, rapidez, eficiencia. Nadie discute que el sistema judicial necesita mejorar tiempos y ordenar procesos. El problema aparece cuando el debate se vuelve hipócrita: todos la utilizan, pero pocos lo reconocen con transparencia.
En el ámbito corporativo, cada vez más estructuras de decisión incorporan sistemas de inteligencia artificial para evaluar escenarios, proyectar riesgos y asistir deliberaciones complejas. En el plano jurídico ocurre algo similar: estudios, tribunales, organismos públicos y equipos técnicos ya la consultan de manera cotidiana. Negarla no la elimina. La discusión real debería centrarse en cómo transparentarla, regularla y aprovecharla sin sacrificar garantías.
Fuente: Infobae
